Asamblea Legislativa aprueba Ley General de Minería Metálica pese a oposición de ambientalistas y la Iglesia Católica
El 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados, aprobó la Ley General de Minería Metálica, propuesta enviada por el gobierno de Nayib Bukele. Esta ley deroga la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017 tras años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas, universidades y la Iglesia Católica, quienes reiteraron su rechazo a la reactivación de esta industria por sus impactos ambientales.
El dictamen fue sometido a votación luego de una discusión de apenas dos horas y media en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, donde no se incluyó la participación de expertos, académicos, ambientalistas ni representantes de comunidades afectadas por la minería artesanal. Estas zonas han experimentado daños visibles en sus ecosistemas debido a la explotación minera.
Aunque la nueva legislación prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras, no regula otros químicos altamente contaminantes, como el cianuro, el arsénico y el plomo, que representan riesgos significativos para los recursos hídricos. Ambientalistas han advertido que las áreas del norte del país, como Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión, donde se encuentran los principales yacimientos, son particularmente vulnerables debido a su importancia como nacimientos de ríos que alimentan el río Lempa. Este río drena dos terceras partes del territorio salvadoreño y es crucial para el suministro de agua potable y la generación parcial de energía eléctrica.
Organizaciones civiles y la Iglesia Católica señalan que esta decisión podría agravar la crisis ambiental y amenazar los recursos hídricos del país, instando al gobierno a reconsiderar su postura y priorizar la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades.
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