Encuentran muertos a 13 trabajadores de una mina de oro -

¡Masacre en mina de oro en Perú! Encuentran ejecutados a 13 trabajadores secuestrados por sicarios

Trece trabajadores de la empresa contratista R&R, que prestaba servicios a la minera Poderosa en la región de La Libertad, fueron encontrados muertos en un socavón de la zona de Pataz. Los cuerpos, que presentaban signos de ejecución, fueron hallados maniatados y con disparos en la cabeza y el cuello, según informaron las autoridades locales.

Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 25 de abril. Familiares denunciaron la inacción de las autoridades y la empresa, señalando que no se tomaron medidas inmediatas para su búsqueda. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó la respuesta estatal, enfatizando la necesidad de una presencia efectiva y voluntad política para enfrentar la violencia en la región.

La región de La Libertad se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la violencia generada por mafias mineras. A pesar de los operativos de seguridad, las autoridades tardaron en actuar ante la desaparición de los trabajadores. El día anterior al hallazgo, otros 20 trabajadores fueron tomados como rehenes en una planta de la minera Caravelí en la misma zona, dejando ocho heridos, incluidos dos policías.

La empresa minera Poderosa ha reportado que, desde el inicio de sus operaciones en la década de 1980, 39 de sus empleados han sido asesinados en incidentes similares. En diciembre de 2023, un ataque armado dejó nueve muertos y más de 20 heridos cuando bandas armadas utilizaron explosivos durante una incursión.

La minería ilegal ha superado al narcotráfico como la principal actividad ilícita en Perú, generando ingresos estimados en más de 6 mil millones de dólares el año pasado. La falta de aplicación de la ley y las ambigüedades legales han permitido que esta actividad prospere, especialmente en regiones como La Libertad.

El gobierno peruano enfrenta crecientes críticas por su incapacidad para abordar la creciente influencia del crimen organizado en las regiones mineras. Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen justicia y una acción más decidida por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los trabajadores y las comunidades afectadas.