18 de prisión para ex alcalde Ernesto Muyshondt -

Condenan a exalcalde Ernesto Muyshondt y a otros exfuncionarios por negociaciones con pandillas.

En una sentencia considerada histórica, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó condenas severas contra un grupo de exfuncionarios implicados en supuestas negociaciones con pandillas durante procesos electorales de 2014 y 2015.

Entre los condenados figuran los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, quienes recibirán penas de 28 años de prisión cada uno. Por su parte, el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, junto con los intermediarios Paolo Lüers y Wilson Alvarado, fueron condenados a 18 años de cárcel.

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Según la acusación fiscal, los señalados se reunieron con pandillas durante la campaña presidencial de 2014 y los comicios legislativos y municipales de 2015, con el presunto objetivo de negociar apoyo electoral a cambio de beneficios. La Fiscalía sostiene que las reuniones incluían ofrecimientos y entregas de dinero, así como promesas de otros incentivos condicionados al triunfo de los candidatos respaldados.

Este fallo se suma a otros procesos judiciales en los que Muyshondt ya ha sido condenado por delitos relacionados con su gestión municipal, aunque esos casos responden a otros hechos. Por ejemplo, en febrero de 2025, un tribunal lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes en el ámbito municipal.

La condena deja en evidencia la voluntad del sistema judicial de perseguir casos vinculados al financiamiento electoral ilegal y al uso de redes criminales en política. No obstante, este tipo de casos suelen generar polémica política, debates sobre el respeto al debido proceso y cuestionamientos sobre motivaciones políticas detrás de los procesos judiciales.

Desde distintos sectores ya han comenzado a manifestarse reacciones: algunos sectores políticos denuncian persecución política; otros celebran la decisión como un paso hacia la rendición de cuentas.

Con esta sentencia, los condenados podrán interponer recursos de apelación ante instancias superiores. Será clave que los tribunales superiores revisen tanto la legalidad del proceso como las pruebas presentadas, el derecho de defensa y el cumplimiento de garantías procesales.

Además, la ejecución de las penas dependerá de la confirmación judicial en los recursos correspondientes, así como de la eventual revisión de estado de salud de los condenados y posibles medidas que puedan solicitar sus defensas.