Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota ante violencia contra agentes federales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que podría invocar la Ley de Insurrección en el estado de Minnesota si las autoridades locales no contienen los ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de protestas y tensiones crecientes en varias ciudades, especialmente en Minneapolis.
A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump criticó a los líderes estatales —a quienes calificó de “políticos corruptos”— y señaló que, de persistir los ataques de lo que él denominó “agitadores profesionales e insurrectos” contra los “patriotas de ICE”, procederá a activar la mencionada ley, una autoridad excepcional que permitiría el despliegue de tropas federales para restaurar el orden.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo…” escribió Trump, remarcando que el propósito sería “poner fin rápidamente a la farsa” que, según él, se desarrolla en el estado.
La advertencia se produce en medio de protestas y enfrentamientos entre civiles y agentes federales tras una serie de operativos de ICE en Minneapolis, donde se ha reportado que un agente disparó y hirió a una persona en la pierna durante una manifestación contra las redadas migratorias.
La Ley de Insurrección, vigente desde 1807, autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas o activar a la Guardia Nacional sin el consentimiento de los gobernadores estatales para garantizar el cumplimiento de las leyes federales y suprimir disturbios o rebeliones que obstaculicen su aplicación. Su uso es poco frecuente y ha sido invocada en situaciones extremas en la historia estadounidense.
El gobernador de Minnesota y otros líderes locales han pedido moderación y desescalada, subrayando que el derecho a protestar pacíficamente es protegido por la Constitución, aunque han rechazado la violencia. La situación sigue en desarrollo, con llamados al diálogo entre autoridades estatales y federales para evitar una escalada mayor de confrontación.
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