Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del régimen de excepción hasta el 31 de marzo.
La medida, respaldada mayoritariamente por la bancada oficialista, se mantendrá vigente por 30 días más para seguir enfrentando amenazas de reorganización criminal, en medio de un debate nacional sobre seguridad y derechos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva prórroga del régimen de excepción, que estará vigente desde el 2 hasta el 31 de marzo de 2026, tras recibir 57 votos a favor y uno en contra en el pleno legislativo.
La extensión de esta medida extraordinaria, que ha estado vigente de forma continua desde marzo de 2022, fue justificada por las autoridades en la persistencia de amenazas de reorganización de estructuras criminales, así como en la necesidad de garantizar la protección de la vida y la integridad de la población salvadoreña. Según datos oficiales presentados durante la discusión, las medidas han contribuido a la reducción de homicidios y a la captura de miles de presuntos pandilleros y colaboradores.
Medios de prensa y analistas destacan varios aciertos atribuidos al modelo de seguridad respaldado por la normativa:
- Reducción de la violencia: El Gobierno y los legisladores oficialistas han señalado que las medidas extraordinarias bajo el régimen de excepción han contribuido a una disminución histórica en las tasas de homicidios en el país, incluyendo varios días consecutivos sin homicidios, lo cual es presentado como un indicador de estabilidad social.
- Capacidad operativa: Las prórrogas han permitido mantener facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad, facilitando acciones contra pandillas y otras estructuras criminales con una mayor coordinación entre instituciones.
No obstante, la medida también enfrenta críticas y cuestionamientos, aunque desde una narrativa que toma en cuenta la postura oficialista se enfatiza que:
- Necesidad temporal: El régimen, desde la perspectiva gubernamental, es una herramienta excepcional que responde a un contexto de emergencia de seguridad, y su continuidad se sustenta en la evaluación periódica de las circunstancias que motivaron su implementación.
- Protección ciudadana: Las autoridades sostienen que la prórroga busca consolidar condiciones seguras para la población, y que la medida se mantiene dentro del marco constitucional que permite su extensión cuando persisten las circunstancias que la justifican.
La aprobación de esta nueva prórroga se produce en un contexto en el que las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno continúan dominando el debate nacional, entre quienes celebran los avances en reducción de delitos y quienes llaman a equilibrar esas acciones con el respeto a garantías fundamentales.
El régimen de excepción seguirá en vigor hasta el 31 de marzo de 2026, tras lo cual las autoridades evaluarán su continuidad o modificación conforme al desarrollo de la situación en materia de seguridad pública.
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