21 personas enfrentaron audiencia preliminar acusados de desviar medio millón de dólares del Estado durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
Veintiuna personas se presentaron en la Audiencia Preliminar del caso ASOCAMBIO, donde enfrentan acusaciones de desviar fondos estatales por un monto cercano a medio millón de dólares. Estos hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
El caso ASOCAMBIO involucra a ocho exfuncionarios vinculados al desvío de fondos de las tiendas penitenciarias, a través de la Asociación Yo Cambio, en la cual ocupaban diferentes roles:
– Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad Pública, quien fungía como presidente de la asociación.
– Raúl Antonio López, exviceministro de Justicia y Seguridad Pública, desempeñaba el cargo de vicepresidente.
– Marco Tulio Lima ocupaba la posición de secretario.
– José Roberto Nóchez actuaba como síndico.
– Flor de María Hernández se encargaba de la tesorería.
– Luis Alonso Barrera Peñate ejercía como 1° vocal.
La investigación se centra en el desvío de fondos estatales a través de esta asociación durante el período especificado y busca establecer la responsabilidad de los acusados en estos actos.
El proceso legal que involucra a 21 personas, entre ellas nueve exfuncionarios de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, está basado en una serie de pruebas sólidas, como las pericias contables y financieras de los años 2018 y 2019 de la Asociación Yo Cambio. Estos informes evidencian que los procesados desviaron más de medio millón de dólares de las tiendas penitenciarias.
Los acusados enfrentan una serie de cargos, que incluyen:
– Cohecho Impropio: Acciones indebidas relacionadas con sobornos u obtención de ventajas ilegítimas.
– Falsedad Documental Agravada: Manipulación de documentos con agravantes que aumentan la gravedad de este delito.
– Peculado: Apropiación indebida de bienes o fondos públicos por parte de funcionarios.
– Actos Arbitrarios: Realización de actos injustos o abusivos en el ejercicio de una función pública.
Este proceso legal busca esclarecer la responsabilidad de los acusados en relación con los cargos mencionados y determinar las consecuencias legales correspondientes.
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