La Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 votos a favor, ratificó una reforma al artículo 248 de la Constitución, permitiendo que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas constitucionales sin necesidad de esperar a una siguiente.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, ratificó una reforma que permite la aprobación y ratificación de enmiendas constitucionales dentro de una misma legislatura. Esta modificación al artículo 248 de la Constitución elimina el requisito previo que establecía que las reformas debían ser aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente, agilizando así el proceso de cambios a la Carta Magna.
La reforma fue inicialmente aprobada por la legislatura 2021-2024 y, tras su ratificación, entrará en vigor, permitiendo que una misma Asamblea Legislativa pueda tanto aprobar como ratificar enmiendas constitucionales durante su período de gestión. Esta medida ha generado controversia, ya que críticos argumentan que concentra demasiado poder en el partido gobernante y podría facilitar modificaciones constitucionales sin el debido debate y consenso.
En septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele recibió un anteproyecto para reformar más de 200 artículos de la Constitución, elaborado bajo la coordinación del vicepresidente Félix Ulloa. Sin embargo, este documento aún no ha sido presentado formalmente ante el órgano legislativo.
La reciente ratificación de la reforma constitucional ha suscitado preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad salvadoreña, que temen una posible erosión de los mecanismos de control y equilibrio en el sistema político del país. Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos también han expresado inquietudes sobre el potencial debilitamiento de la democracia y el estado de derecho en El Salvador.
El gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca modernizar y hacer más eficiente el proceso legislativo, permitiendo respuestas más rápidas a las necesidades del país. No obstante, la comunidad internacional y observadores políticos continúan monitoreando de cerca estos desarrollos, atentos a su impacto en la institucionalidad democrática salvadoreña.
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