Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, consolidan su dominio absoluto en Nicaragua tras la aprobación de una reforma constitucional que elimina límites democráticos y amplía su mandato
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó recientemente una reforma constitucional que otorga poderes absolutos al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consolidando su control sobre todos los poderes del Estado.
reforma, ratificada en su totalidad en una segunda legislatura, establece los cargos de «copresidente» y «copresidenta», permitiendo a Ortega y Murillo gobernar en igualdad de condiciones. Además, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, retrasando las próximas elecciones generales hasta 2027.
Con estas modificaciones, la pareja presidencial coordinará los órganos legislativo, judicial y electoral, centralizando aún más el poder en el Ejecutivo y eliminando la independencia de los otros poderes del Estado. La reforma también permite al presidente ordenar la intervención del Ejército para apoyar a la Policía Nacional y crea la figura de la Policía Voluntaria, legitimando la participación de civiles en tareas de seguridad.
Críticos y analistas han expresado su preocupación por la consolidación de una dinastía política y la eliminación de los controles y equilibrios democráticos en Nicaragua. Reed Brody, abogado estadounidense conocido como el «Cazadictadores», señaló que «Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con la facultad de suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a los llamados ‘policías voluntarios’ como fuerzas de choque».
Organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han expresado su preocupación por la erosión de los controles democráticos y la concentración de poder en Nicaragua, advirtiendo que estas reformas amenazan las libertades fundamentales y el Estado de derecho en el país.
Estas reformas representan un cambio significativo en la estructura política de Nicaragua, consolidando el poder en manos de Ortega y Murillo y generando preocupaciones sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en el país.
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