La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó recientemente reformas a la Ley Bitcoin, específicamente en sus artículos 1 y 7, para establecer que las transacciones con esta criptomoneda serán voluntarias y exclusivamente entre ciudadanos y empresas privadas. Estas modificaciones eliminan la obligatoriedad previa que imponía a todos los agentes económicos aceptar bitcoin como forma de pago.
La nueva redacción del artículo 1 establece que las transacciones con bitcoin deberán ser «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente». Antes de estos cambios, la ley incluía a las instituciones públicas en el uso del bitcoin. Además, el artículo 7, que originalmente establecía que «todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», ha sido sustituido para indicar que las empresas podrán decidir si aceptan o no la criptomoneda.
Estas reformas responden a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había instado al gobierno salvadoreño a limitar su exposición al bitcoin y a hacer su aceptación voluntaria en el sector privado. El FMI condicionó la aprobación de un crédito de 1.400 millones de dólares a la mitigación de los riesgos asociados con el bitcoin.
El Salvador fue el primer país en el mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021, una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la medida generó controversia tanto a nivel nacional como internacional, y enfrentó críticas por parte de organismos financieros y sectores de la sociedad civil.
Con estas reformas, el gobierno salvadoreño busca cumplir con los compromisos adquiridos con el FMI y ajustar la legislación para que el uso del bitcoin sea una opción voluntaria y limitada al ámbito privado, sin involucrar a las instituciones públicas ni imponer su aceptación a todos los agentes económicos.
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